La discriminación educativa en los colegios españoles es una realidad que se puede y debe superar

Las deficiencias del sistema educativo español hacia las personas con discapacidad vulneran cada día los derechos de los más jóvenes de nuestro colectivo. Madres y padres coraje son quienes muchas veces se ven obligados a pelear y hacer grandes esfuerzos para que la vida de sus hijos e hijas en las aulas sea la más adecuada.

 

Llama la atención que las instituciones educativas y gobiernos autonómicos sigan en pleno año 2015 sin garantizar el derecho a una educación inclusiva para todas las personas con discapacidad, convirtiéndose en cómplices de limitar la infancia y el desarrollo de miles de niños y niñas y de que su futuro sea incierto.

 

En este año, plagado de procesos electorales, es un buen momento para pedir a los candidatos y candidatas para los diferentes comicios que incluyan entre sus principales propuestas el compromiso de adaptar sus normas a la educación inclusiva recogida a nivel nacional en la Constitución, la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas y las leyes orgánicas de educación. Todas ellas establecen el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles de enseñanza, a proporcionar por las instituciones educativas y el profesorado.

 

Llevamos años con las mejores regulaciones nacionales pero no terminan de llegar a quienes se deberían beneficiar de ellas. La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobada en 2013, consiguió unificar toda la variedad normativa de la educación inclusiva, obligando a prestar una atención a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes lo precisen.

 

La experiencia nos ha demostrado que sigue sin ser suficiente. A las denuncias que las entidades de discapacidad recibimos constantemente de familias desesperadas ante la indiferencia institucional, tenemos que añadir las numerosas  actuaciones de oficio que el Defensor del Pueblo inició en 2014 relativas a la inclusión educativa de alumnos con discapacidad. Desde COCEMFE compartimos su recomendación: acabar con la falta de concreción de todas estas leyes con nuevas medidas normativas y con presupuestos suficientes que sirvan para dotar a los centros ordinarios de los medios personales y materiales precisos para la escolarización de alumnos con necesidades educativas específicas, así como su diseño y adecuación estructural. (Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo, página 270).

 

Consciente de que es un terreno sobre el que hay que trabajar sin ninguna duda, COCEMFE, además de su labor de interlocución con las diferentes administraciones abordando esta cuestión, ha empezado a desarrollar en 2015 un Proyecto de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. Pretende favorecer la autonomía personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y prevenir, con ello, el fracaso y el abandono escolar en los todos los ciclos formativos, ya sean obligatorios o no obligatorios.

 

Las familias y los propios niños y niñas con discapacidad necesitan que sus representantes políticos respondan y garanticen un derecho fundamental como es la Educación. La pelota está en su tejado y desde las asociaciones de discapacidad no dejaremos de lanzarla hasta conseguirlo.