La infancia con discapacidad no puede esperar
editor
20 Noviembre, 2026
En mi trabajo en la Plataforma de Infancia tengo muy presente una idea: ninguna niña, niño o adolescente debería encontrar más obstáculos para ejercer sus derechos por tener una discapacidad. Sin embargo, para muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, el poder jugar con sus amigas y amigos, vivir sin miedo a sufrir violencia, poder acceder a la educación u otros derechos básicos dependen de los recursos que hay a su alrededor o de la familia en la que viven.
La discapacidad no reduce los derechos de la infancia. Lo que limita sus oportunidades son las barreras del entorno, la falta de apoyos y en algunos casos prejuicios. Por eso, en la Plataforma de Infancia sabemos que no basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que se puedan ejercer en igualdad.
En los últimos años hemos visto muchos avances legislativos que han reconocido derechos y garantías para ejercerlos. La Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia (LOPIVI), la creación de un nuevo Ministerio de Juventud e Infancia son algunos ejemplos de avances normativos relevantes. Sin embargo, todavía queda mucho para ver cómo esos instrumentos se traducen en mejoras palpables para la infancia.
En España seguimos teniendo una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, con uno tercio de la infancia en riesgo. Tenemos una de las tasas más altas de segregación escolar y un 40% de la infancia y adolescencia manifiesta haber sufrido violencia física. Estos son solo algunos datos que muestran la dura realidad de la infancia en España.
Unas condiciones que todavía se hacen más complejas cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tenemos un sistema educativo que todavía no garantiza la inclusión con los apoyos necesarios, instalaciones que no garantizan el acceso en igualdad a la infancia con discapacidad, o fenómenos como la violencia que se disparan cuando hablamos de niños o niñas con discapacidad.
Las próximas elecciones generales deberían situar esta realidad en el centro de los compromisos políticos. Necesitamos una educación inclusiva, con recursos suficientes, profesionales formados, apoyos individualizados y espacios accesibles; atención temprana y coordinada, sin demoras ni desigualdades territoriales; y servicios de apoyo a las familias y de base comunitaria que permitan crecer en el propio entorno, evitando la institucionalización.
También debemos garantizar la participación en actividades extraescolares, culturales y de ocio, el acceso a espacios de juego seguros y accesibles y el derecho a expresar opiniones sobre las decisiones que les afectan entre otras muchas cuestiones.
No podemos olvidar que la discapacidad puede agravar la pobreza y la exclusión. Las ayudas y los servicios deben llegar a todas las familias que los necesitan, sin barreras administrativas ni discriminación. Necesitamos, además, datos que permitan conocer esta realidad y evaluar las políticas públicas.
La inclusión en la infancia no es algo opcional: es una obligación y una condición para que las niñas, niños y adolescentes puedan crecer, jugar, aprender y participar en igualdad de condiciones.
Imagen generada con IA
Ricardo Ibarra,
director de la Plataforma de Infancia

