La Convención, una promesa que debe cumplirse
Veinte años después de su adopción, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sigue siendo una de las herramientas más importantes para medir la calidad democrática de nuestro país. No es un texto lejano, reservado a juristas o instituciones internacionales. Es una promesa concreta: que ninguna persona sea tratada como menos por tener una discapacidad; que nadie tenga que pedir permiso para vivir, decidir, estudiar, trabajar, participar o formar parte de su comunidad.
La Convención cambió la pregunta. Durante demasiado tiempo, la sociedad se preguntó qué les pasaba a las personas con discapacidad. La Convención nos obligó a preguntarnos qué le pasa a una sociedad que levanta barreras, excluye, infantiliza o decide por otras personas. Ese giro importa. La discapacidad dejó de entenderse como un problema individual y pasó a reconocerse como una cuestión de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de obligaciones públicas, de leyes, de recursos, de accesibilidad, de apoyos y de participación real.
En España, este cambio ha dejado huella. Ha impulsado reformas legales, ha fortalecido la voz del movimiento asociativo y ha situado en el centro principios irrenunciables como la igualdad, la autonomía personal, la accesibilidad universal, la vida independiente y el derecho a decidir con los apoyos necesarios.
Desde el CERMI hemos vivido este proceso como una conquista colectiva, nacida del esfuerzo de muchas personas con discapacidad, familias, organizaciones y alianzas sociales que nunca aceptaron quedar al margen.
Pero un aniversario no puede ser solo una celebración. También debe ser una llamada de atención. Todavía hay niños y niñas que no reciben una educación verdaderamente inclusiva; personas que no encuentran empleo digno; mujeres con discapacidad que sufren más violencia e invisibilidad; ciudadanos que no acceden a edificios, webs, servicios, información o justicia en igualdad; y personas que siguen sin apoyos para vivir donde y con quien elijan.
Por eso, el 20º aniversario de la Convención debe servir para renovar compromisos y exigir resultados. No basta con reconocer derechos si después no se garantizan en la vida diaria. La inclusión no es un gesto amable ni una política secundaria. Es una obligación democrática. Y el 3 de mayo, Día Nacional en España de la Convención, debe ser cada año una fecha para rendir cuentas, corregir incumplimientos y escuchar a quienes conocen mejor las barreras: las propias personas con discapacidad.
La Convención sigue siendo una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro. Desde el CERMI queremos que esa promesa se cumpla de verdad, en cada barrio, en cada aula, en cada empleo, en cada servicio público y en cada decisión política. Porque una sociedad decente no se mide por lo que proclama, sino por cómo trata a todas las personas, también a quienes durante demasiado tiempo quedaron fuera de la ciudadanía plena.
Gregorio Saravia Méndez,
Delegado de Derechos Humanos
y para la Convención del CERMI
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