Justicia gratuita, un servicio esencial
En el informe del Observatorio sobre Justicia Gratuita, que la Abogacía Española presenta estos días, se confirma, un año más, la tendencia de la demanda creciente de servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en los juzgados y tribunales de nuestro país. El número de solicitudes volvió a crecer en 2023 y los españoles con recursos limitados demandaron la asistencia de abogados de oficio en una cantidad sustancialmente por encima de los dos millones de asuntos.
En su último congreso nacional, celebrado en mayo de 2023, el Consejo General de la Abogacía se pronunció con rotundidad reclamando mayor implicación de la Administración Pública en un servicio esencial cuyos beneficiarios son los ciudadanos con menos recursos, y aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es sin duda el colectivo de las personas con discapacidad.
Para cumplir estos fines, es necesario contar con una nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita, porque la ley de 1996 no da cobertura a las necesidades actuales. Una nueva ley que se viene reclamando por el Consejo General de la Abogacía Española y que el Ministerio de Justicia está impulsando.
Con esta finalidad se está trabajando en un ejercicio de escucha al conjunto de los profesionales, a la abogacía joven, a las asociaciones implicadas en Justicia Gratuita y a la clase política.
Asimismo, es preciso encontrar en la reforma los elementos que permitan que la Justicia Gratuita se siga desarrollando en nuestro país para ofrecer cobertura a los nuevos derechos a los que el legislador y los tribunales han ido dando reconocimiento. Esto es, hay que salvar las deficiencias sobrevenidas y preparar la nueva ley para los avances que se producirán en el futuro, como las nuevas especialidades del Turno de Oficio orientadas a la protección de determinados colectivos vulnerables.
En relación con estos colectivos, los expertos que han participado en el informe del Observatorio consideran necesaria la creación de Servicios de Orientación Jurídica, financiados por las Administraciones, para personas con discapacidad. Igualmente es necesaria la creación de turnos especializados en esta materia y la formación de los profesionales en ella.
Victoria Ortega Benito,
presidenta de la Abogacía Española
