Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad: El reconocimiento de su capacidad jurídica
Recientemente, España ha llevado a cabo una reforma legal en materia civil y procesal que acaba con las incapacitaciones judiciales y modifica con ello la capacidad de obrar de algunas personas con discapacidad intelectual.
Esta reforma, calificada como una de las más profundas e importantes en materia de derecho privado desde 1889, afecta a más de 140 artículos de hasta ocho leyes. Es todo un avance en la protección jurídica de las personas con discapacidad, dando cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la igualdad jurídica del colectivo y prohíbe la discriminación en este ámbito.
Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en un sistema de apoyos, el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
La aprobación de la presente ley suprime las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar un sistema de apoyos, personalizados y adaptados a lo que necesite la persona en cada momento para poder tomar sus decisiones de forma libre y autónoma.
Es un cambio de perspectiva, tanto por parte del Estado como de la sociedad, basado en el enfoque social de la discapacidad. La nueva regulación está inspirada en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de los derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
A partir de ahora nos enfrentamos a varios retos: el primero de ellos será la aplicación directa del sistema de apoyos en los actuales procesos de incapacitación; el segundo será la revisión de la situación de las 250.000 personas incapacitadas judicialmente en la actualidad, donde el Poder Judicial tiene hasta tres años para aplicar las nuevas medidas; el tercero será llevar a cabo una amplia labor de difusión y pedagogía del cambio tan profundo que se va a producir en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en su derecho para ejercitarla, en consecuencia, lograr que la reforma se aplique con plenitud en todos sus términos, sin volver a las interpretaciones limitativas anteriores a la reforma.
Miguel Ángel Cabra de Luna,
director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales
de Fundación ONCE
Juan González - Badía Fraga, director BF Consultores
