Dignidad, ciudadanía, democracia, y voto de las personas con discapacidad
Son varios los derechos fundamentales para hacer posible una democracia. Uno de ellos, sin duda, es el de participar en la vida política, eligiendo los representantes de los ciudadanos. En un sistema político sin voto, no hay democracia.
En nuestro país, hay más de 80.000 personas que tienen privado de este derecho esencial. Se trata de aquellas declaradas judicialmente incapacitadas y, entre otras limitaciones o prohibiciones, tienen negado el derecho de sufragio. ¿Se puede hablar de plena democracia cuando esto sucede?
Durante mucho tiempo, los familiares entendían como mejor sistema de protección de los hijos con discapacidad (especialmente los intelectuales, los de parálisis cerebral y los de síndrome de down) promover la incapacitación. Ello producía unos efectos in totum, no valorando las habilidades o capacidad e igualmente el derecho al voto. La sensibilidad de Jueces y Fiscalía era nula.
La Convención de la ONU de 2006 ha sacudido el sistema español, haciendo que deban replantearse algunos tratamientos. Las adaptaciones legislativas son todavía insuficientes. Además de la pendiente reforma del Código Civil sobre incapacitación, capacidad jurídica y capacidad de obrar, en el derecho de sufragio también debe modificarse la Ley Electoral para que no pueda mantenerse la situación actual. El enfoque de la Convención es nítidamente de Derechos Humanos y es plena y directamente aplicable: forma parte ya de nuestro derecho interno (art 96 CE) y las normas sobre derechos deben interpretarse según los Tratados y Convenios internacionales (art. 10.2). Así lo recogen ya dos sentencias del TS de 30 de junio y 3 de septiembre 2014).
Pero no solo deben cambiarse leyes y adaptar las nuestras al artículo 29 de la Convención sobre voto pleno, sino también mentalidades. Debe de partirse de la consideración de que privar el derecho a voto a una persona incapacitada es algo que afecta de raíz a su condición de ciudadanía e incluso le trasciende y afecta a toda la comunidad. Y además, esta tiene su consideración no solo como derecho público sino también cómo engarza con la dignidad de las personas.
Además de impedir que se continúe negando el voto, debe promoverse un procedimiento muy sumario y sencillo que permita recuperar este derecho a quienes se les privó.¡Sigamos luchando!
Jesús López-Medel
Abogado del Estado
Patrono de las Fundaciones de la Abogacía Española y de Aequitas
Ex Presidente de la Comisión del Congreso de Políticas integrales de Discapacidad
