Asistencia jurídica gratuita, condición imprescindible para avanzar hacia una sociedad más inclusiva
La asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad. Este sector social, a menudo, se enfrenta a una doble carga: por un lado, las barreras de distinto tipo (físicas, sensoriales, cognitivas o de comunicación) que dificultan su participación en igualdad de condiciones en los procedimientos judiciales; y por otro, el sobreesfuerzo económico derivado de la falta de igualdad de oportunidades, lo que limita aún más su capacidad de defender sus derechos.
En este contexto, la gratuidad de la asistencia jurídica no solo representa una medida de equidad, sino una exigencia ineludible del Estado de Derecho.
El acceso a la justicia constituye un derecho instrumental esencial para la protección del resto de los derechos humanos. A través de él, las personas pueden restablecer derechos vulnerados, obtener reparaciones justas y hacer frente a situaciones de discriminación o abuso. Este derecho se concreta legalmente en el artículo 24 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva; en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo, y en el artículo 13 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad pueden participar en un proceso judicial en múltiples roles: como víctimas, testigos, personas investigadas o incluso como profesionales del ámbito jurídico. En cada uno de estos casos, sus necesidades pueden variar significativamente, desde ajustes en la comunicación hasta adaptaciones del entorno físico o la forma en que se conduce una audiencia. La falta de estas adaptaciones puede traducirse en una vulneración grave de derechos, que termina por excluir a estas personas del sistema judicial o generar situaciones de injusticia.
Además, la situación económica de muchas personas con discapacidad suele estar marcada por un mayor nivel de precariedad. Las dificultades de acceso al empleo, los costes añadidos derivados de su situación (medicación, asistencia personal, transporte adaptado, entre otros), y la exclusión social persistente, hacen que la contratación de servicios jurídicos esté muchas veces fuera de su alcance. Por tanto, el acceso gratuito a la justicia no debe considerarse un privilegio, sino una herramienta esencial para garantizar la igualdad real y efectiva.
En definitiva, asegurar la asistencia jurídica gratuita para las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia formal, sino de justicia material. Solo cuando estas personas pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, el sistema judicial cumple su función como garante de derechos y libertades.
La eliminación de barreras económicas, comunicativas y procedimentales es, en este sentido, una obligación legal y ética de los poderes públicos, que deben actuar con un enfoque inclusivo y respetuoso con la diversidad. La asistencia jurídica gratuita es, por tanto, una condición imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.
Gregorio Saravia Méndez,
delegado del CERMI Estatal
para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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