Consumidores somos tod@s
Consumidores somos tod@s. También las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en la sociedad como consumidores, en igualdad de condiciones con los demás.
En la actualidad todas las personas participamos en la sociedad desde diferentes roles y ámbitos. Sin duda, el mundo de hoy está marcado por una sociedad de consumo, en la que la acción de adquirir bienes, productos o servicios es parte de nuestra vida diaria. Así pues, podemos afirmar que consumidores somos tod@s, o por lo menos deberíamos serlo, en igualdad de condiciones con los demás. También las personas con discapacidad.
De conformidad con el artículo 51 de la Constitución española, los poderes públicos deben garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud y legítimos intereses económicos.
Con este fin la Ley 4/2022 de 25 de febrero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica recoge la protección reforzada para el ejercicio de los derechos de los consumidores vulnerables.
Por eso, la normativa europea y nacional nos explican qué debemos entender por consumidor vulnerable y subrayan la necesidad de una mayor protección para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad en su relación de consumo.
Y esta protección a las personas consumidoras vulnerables no solo está relacionada con la situación económica, sino también con otras como la edad, sexo, origen y por supuesto también la discapacidad, o cualesquiera otras que puedan suponer una desventaja en nuestro día a día.
El servicio de atención al cliente es el soporte que se presta a los clientes, ya sea antes, durante o después de la compra (postventa) para ayudarles a tener una excelente experiencia con la empresa. En cualquiera de dichas situaciones de desventaja antes mencionadas, el servicio de atención al cliente adquiere una especial importancia para que la acción de compra pueda llevarse a cabo con garantías de seguridad y calidad en el servicio o bien.
Precisamente por esto, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, en tanto que personas consumidoras vulnerables, deben ser consideradas como grupo preferencial de los Servicios de Atención al Cliente (SAC) y así viene recogido en el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente. Este proyecto tiene como objetivo fundamental paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos.
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás. No obstante, en el día a día muchos afrontan una serie de problemas que dificultan y en ocasiones impiden el pleno disfrute de los derechos que les asisten, siendo algunos de los más frecuentes la falta de información accesible, correcta, suficiente y comprensible y la falta de accesibilidad en los entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado;
Además, las personas mayores con discapacidad, las Personas con discapacidad grave y la infancia con discapacidad están particularmente expuestos a prácticas comerciales engañosas o agresivas en línea, que no se pueden permitir.
Por todo ello, necesitamos reforzar esta protección y que el Proyecto de Ley de Servicios de atención al Cliente salga adelante cuanto antes. La pena es que este proyecto de ley no termina de llegar a buen puerto.
Dicen que el papel lo aguanta todo, pero hay leyes que realmente pueden suponer cambios en la vida de las personas y esta es una de ellas.
Hoy, 15 de marzo, celebramos el Día Mundial de las Personas Consumidoras y precisamente por esto el Consejo de Consumidores y Usuarios, el CERMI y Fundación ONCE reafirmábamos nuestro compromiso con la renovación del convenio que nos une para defender los derechos de los consumidores con discapacidad.
Juntos vamos dando pequeños pasos. Y en ese caminar, esta ley que confiamos que se apruebe cuanto antes es un pasito más en el reto de pasar de los derechos a los hechos.
Lourdes Márquez de la Calleja,
directora de Alianzas y Relaciones Internacionales
de Fundación ONCE